"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
Informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa
Muiznieks expresa su inquietud ante las repercusiones "sumamente desfavorables" de los recortes en la población con discapacidad en España
09/10/2013
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha elaborado un informe en el que evalúa la repercusión de la crisis económica y de las medidas de austeridad fiscal en las personas con discapacidad en España. En el mismo expresa inquietud ante los recortes y preocupación por la aplicación de la Ley de autonomía personal, así como por la elevada tasa de desempleo entre la población con discapacidad y las necesidades educativas que quedan sin cubrir.
Según indica el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa en su informe, aunque acoge “con agrado” las mejoras considerables introducidas en el marco político y jurídico que aspira a promover y proteger los derechos humanos de los 3,8 millones de personas con discapacidad en España, Muiznieks expresa su “inquietud” por las repercusiones “sumamente desfavorables” que los recortes presupuestarios han tenido en las condiciones de vida de estas personas y en su inclusión social.
Asimismo, expone que, hasta la fecha, no se ha realizado en España todavía ninguna evaluación de los efectos de los recortes presupuestarios en las personas con discapacidad.
También le preocupan los inconvenientes de la aplicación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, tales como la estricta clasificación de las personas con discapacidad en función de sus niveles de discapacidad diagnosticada.
Otra de las preocupaciones que manifiesta es que la crisis económica y las restricciones financieras hayan socavado la mayoría de las políticas y programas encaminados a promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, incluidas las medidas encaminadas a mejorar la accesibilidad de los servicios generales, así como el empleo y los programas de formación.
Ante la elevada tasa de desempleo entre las personas con discapacidad en España (más del 30%), el comisario pide “encarecidamente” a las autoridades que eviten limitar las oportunidades de formación y asistencia en el ámbito del empleo para estas personas.
En materia de educación, a Muiznieks le preocupan, en concreto, los efectos que los recortes en los presupuestos destinados a Educación puedan tener en la inclusión de las niñas y niños con discapacidad en el sistema general de enseñanza, teniendo en cuenta la elevada tasa de abandono escolar que se registra actualmente en España.
Igualmente, entre otras consideraciones, el comisario exhorta a las autoridades españolas a que concluyan “sin demora” el proceso de reforma de la legislación sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y a que garanticen la plena participación en la vida política y pública del país, cumpliendo así con los principios de la Convención de la ONU y con las normas del Consejo de Europa.
